Lo adelantaba hace unos minutos el portal especializado en temas jurídico-deportivos iusport.com; según una resolución del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) notificada este miércoles a los principales actores del llamado “caso Fuenlabrada”, se ha acordado declarar como único competente este asunto al Juez de Disciplina Social de LaLiga y no al Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), tal y como pretendía la entidad presidida por el ínclito Luis Rubiales.

Con esta decisión, contra la que solo cabe recurso ante la justicia ordinaria, queda sin valor ni efecto el expediente tramitado por el instructor designado por el Comité de Competición de la RFEF que, el pasado sábado 15 de agosto proponía el descenso administrativo del Fuenlabrada.

De esta manera es únicamente el Juez de Disciplina Social de LaLiga el competente en este asunto y, al haberse ya pronunciado sobre el mismo, concretamente el pasado 7 de agosto, “acordando su sobreseimiento y archivo  por no estimar existencia alguna de incumplimiento ni vulneración de ningún protocolo ni disposición estatutaria (por parte del Fuenlabrada)” puede darse el caso por finalmente juzgado en la justicia deportiva.

Hay que recordar que esta resolución del TAD viene de un conflicto de competencias que planteó LaLiga ante dicho tribunal y que ha pasado casi desapercibido en mitad de todo el ruido mediático promovido fundamentalmente desde la RFEF en la guerra sin cuartel que mantiene con la patronal del fútbol profesional.

La base que sostenía el juez de instrucción de la RFEF para solicitar el descenso del Fuenlabrada carecía de cualquier tipo de sustento jurídico, ya que la posible infracción que pudiera haber cometido el club madrileño con el tema de sus positivos por COVID-19 era algo que NO se produjo en el seno de la competición deportiva, hay que recordar que el partido contra el Deportivo de La Coruña no llegó a comenzar sino que fue aplazado previamente; por consiguiente, no hay ninguna acción u omisión del Fuenlabrada que pueda subsumirse en infracción alguna del código disciplinario de la RFEF.

Si el equipo madrileño hubiese incumplido el protocolo sanitario de LaLiga, algo que según dictaminó el Juez Social de la misma no fue así, estaríamos ante una cuestión interna de la asociación de clubes pero no de orden competicional como se pretendía desde distintos estamentos.

De esta forma, y salvo que, en la reunión a tres bandas de este jueves en Madrid, entre patronal, RFEF y  Consejo Superior de Deportes su presidenta Irene Lozano presione a LaLiga para que acepte la solución salomónica de una liga de 24 equipos que viene buscando la RFEF desde hace tiempo y eviten así cualquier tipo de problema político con ninguna afición